La Fiscalía de la provincia Santo Domingo opera con apenas 70 fiscales de los 213 que son necesarios para asistir a una población que ya supera los 2.5 millones de habitantes. Sin embargo, este déficit de personal en una demarcación que enfrenta delitos tan diversos como el sicariato, homicidios, narcotráfico, robos y toda clase de violencia, parece no desalentar a la Procuradora fiscal provincial, Olga Diná Llaverías, quien afirma que independientemente de las limitaciones, han seguido dando respuestas a la ciudadanía, gracias al compromiso con que cada uno de los miembros del Ministerio Público realiza su trabajo.
Al ser entrevistada en el Almuerzo Semanal del Multimedios del Caribe por el director de elCaribe, Osvaldo Santana, el jefe de Redacción, Héctor Marte, y el editor de Economía, Héctor Linares, Diná Llaverías afirmó que tampoco le desmotivan las condiciones salariales, ya que el simple hecho de impulsar cambios en la sociedad desde la posición que ocupa le satisface más que el dinero. “A nosotros no nos frena ni nos desmotiva el hecho de que nosotros no seamos remunerados quizás de la forma que debiéramos serlo, aunque se está trabajando para ello y para también corregir y mejorar ciertas condiciones a nivel de seguro médico y seguro de vida que un Ministerio Público necesitaría no solamente para sí, sino también para su familia”.
Cree CPP puede ser mejorado
En otro orden, la magistrada manifestó que no se puede satanizar el Código Procesal Penal (CPP) por ser un instrumento garantista de derechos, aunque reconoció que la pieza tiene grandes oportunidades de mejora, como proveer de asistencia legal gratuita a la víctima, tal y como lo contempla la ley para el imputado.
Dijo que en los casos en que los tribunales no imponen la medida de coerción que solicita el Ministerio Público no se debe únicamente a debilidades del CPP, sino a que también es posible que se haya instrumentado un expediente sin suficientes pruebas que lo sustenten o que el juez al momento de ponderar el caso entienda que no es oportuno imponer la pena solicitada.
“Yo soy muy cuidadosa con eso, porque el tribunal tiene la discrecionalidad para imponer la medida de coerción que entienda partiendo de la que el Ministerio Público le solicite o la que la parte afectada le solicite; y entiendo también que si el Ministerio Público no se siente conforme con la decisión dada lo que tiene que utilizar son las vías de recurso que la ley pone a su disposición, no entrar en una crítica, porque al final de cuentas, no nos va a llevar a nada”, consideró.
Persecución penal exitosa
En ese sentido, el fiscal de Litigación de la Procuraduría provincial, Ángel Darío Tejeda Fabal, calificó de exitosa la persecución penal llevada a cabo durante la gestión de Diná Llaverías, que en lo que va de año ha logrado alrededor de 75% de condenas en los 588 casos llevados a los tribunales.
Dijo que el porcentaje de descargos que traen como consecuencia la extinción de la acción penal, se da muchas veces por el desistimiento de la víctima, que entiende que con sólo poner la denuncia se da por cerrado el caso, y no por mala investigación o mala persecución como muchas veces se piensa.
Al igual que la procuradora, Tejeda entiende que la criminalidad no puede ser atribuida al Código Procesal Penal, ya que el problema involucra un factor cultural y educativo que debe ser atacado con políticas sociales.
“El CPP no protege a los delincuentes sino a todos los ciudadanos. Es una sombrilla que nos cubre a todos que va acorde con el Estado social y democrático de derecho”, afirmó.
Entiende que no se puede apostar a reducir el crimen a través del derecho penal sino a través de un entramado de decisiones de parte de la autoridad pública, que pasa por la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía y con la adopción de políticas sociales por parte del Gobierno central.
Dijo que lamentablemente la sociedad sólo apuesta por el derecho penal para resolver el problema de la criminalidad.
“Si no le enseñamos a la gente que no debe delinquir, si no le damos una buena educación a los jóvenes, no podemos esperar castigarlos con el derecho penal para que el derecho penal resuelva todo. Nuestro papel principal es reactivo básicamente, una prevención secundaria, es decir, lamentablemente cuando falla la política primaria de prevención que son las políticas sociales para que no aparezca el delito, entonces aparecemos nosotros”.
En tanto, Olga Diná Llaverías agregó que muchas veces se critica el hecho de que una persona acusada de cometer un delito no sea privada de libertad, pero que sin embargo, tras la implementación del Código la población carcelaria se ha multiplicado en los penales de La Victoria, Najayo y otras cárceles a nivel nacional.
Agregó que es común escuchar en los medios de comunicación que una persona acusada de cometer un delito fue sometida varias veces a la justicia pero cuando se investiga se comprueba que la víctima lo que hizo fue presentar una querella ante un destacamento policial que nunca llegó a manos del Ministerio Público. “No necesariamente se habla de que la persona fue llevada ante a un juez o que fue procesada judicialmente ante una jurisdicción de Justicia”, afirmó.
En ese sentido, abogó porque se fortalezca la coordinación entre los distintos actores de justicia, a fin de que lo que llegue a la Policía o al Ministerio de Salud Pública sea puesto en conocimiento del Ministerio Público.
Apoya creación de policía técnica
Diná Llaverías cree que dentro de las filas policiales no hay resistencia sino temor a los cambios que podría producir la creación de un cuerpo técnico que es altamente necesario para acompañar el trabajo del Ministerio Público.
Dijo que lamentablemente cuentan con una policía que tiene una diversidad de funciones, y muchas veces cuando tienen un excelente investigador en un área “de repente nos lo trasladan y la investigación tiene que comenzar muchas veces de cero, después que ya había avanzado”.
“Ese cuerpo técnico es importantísimo porque la especialización en esta materia es requerida y el poder contar con un equipo permanente que se maneje en un mismo sentido va a representar un saldo positivo de una manera incalculable”, dijo.
Agregó que tienen excelentes relaciones con la Policía Nacional y las veces que le han solicitado colaboración siempre han estado prestos para responder “No tenemos quejas de la Policía, evidentemente en las familias grandes siempre podemos encontrar alguna cosa que otra, pero ante cualquier situación que pueda haberse presentado siempre hemos encontrado una respuesta en la que con un gran equipo hemos podido salir adelante”.
Aspira a crear más fiscalías municipales
Olga Diná Llaverías dijo que aspira a que los siete municipios que integran la provincia Santo Domingo puedan tener su propia fiscalía municipal con un equipo multidisciplinario que dé respuesta efectiva y oportuna a los casos que se presentan en esas comunidades, al margen de la labor que realizan las fiscalías barriales que operan en los destacamentos policiales. En ese sentido, dijo que han ido haciendo contacto con los alcaldes de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Boca Chica, San Antonio de Guerra, Pedro Brand y Los Alcarrizos, para trabajar de manera coordinada en la construcción de estos centros. Edward López Ulloa, encargado de la Fiscalía municipal de Santo Domingo Oeste, dijo que en el caso de Herrera, trabajan en colaboración con Participación Ciudadana y la Policía Nacional para impartir charlas en los barrios sobre la cultura de paz que solía caracterizar al dominicano y que últimamente se ha ido perdiendo. “Era muy difícil para una persona anteriormente a la gestión de la magistrada que una persona que sufriera algún tipo de agresión ver a un médico legista. Para solicitar un certificado médico legal tenía que ir necesariamente al Palacio de Justicia en la avenida Charles de Gaulle, gracias a Dios, eso se ha resuelto”. Dijo que el centro dispone de cuatro médicos legistas y dos psicólogos que dan asistencia toda la semana.
Es frecuente presencia de uniformados en delito
La Fiscalía de la provincia Santo Domingo también cuenta con un departamento de Casos Complejos, dirigido a la persecución del sicariato, tráfico de armas y los delitos cometidos por los miembros de los organismos de seguridad del Estado. La fiscal encargada, Isaura Suárez, dijo que básicamente reciben casos de agentes de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas involucrados en robos a mano armada para despojar de pertenencias, vehículos y motocicletas, así como teléfonos celulares. “Es frecuente que veamos la intervención de miembros de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en casos de esta naturaleza”. Dijo que este tipo de delitos suele ocurrir los fines de semana y reciben entre tres a cinco casos de robo a mano armada, sin mencionar el porte ilegal de armas o casos de sicariato “donde regularmente hay uniformados como parte de ese entramado. Diná Llaverías, por su parte, dijo que cuando la Policía recibe una denuncia contra alguno de sus miembros, remiten al Ministerio Público la investigación preliminar para que continúen con el proceso de justicia.
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